Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (Valparaíso, 25 de noviembre de 1915-Santiago, 10 de diciembre de 2006) fue un militar, político y dictador chileno en el período comprendido entre 1973 y 1990.
Fue designado comandante en jefe del Ejército de Chile el 23 de agosto de 1973 por el presidente Salvador Allende, en reemplazo del renunciado general Carlos Prats. El 11 de septiembre del mismo año, en medio de una crisis política, económica y social, dirigió un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de la coalición de partidos políticos de izquierda denominada Unidad Popular, poniendo fin al período de la República Presidencial. Desde ese momento, Pinochet gobernó el país, primero como presidente de la Junta Militar de Gobierno, al que se sumó el título de jefe supremo de la Nación el 27 de junio de 1974, que le confirió el poder ejecutivo. El 16 de diciembre de ese año asumió como presidente de la República, cargo que fue ratificado tras un cuestionado plebiscito y la promulgación de una nueva Constitución en 1980. Su mandato acabó por la vía democrática mediante otro plebiscito realizado en 1988, tras el cual fue sustituido —luego de realizarse elecciones presidenciales y parlamentarias— por Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990. Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de 1998 y al día siguiente asumió como senador vitalicio, cargo que ejerció efectivamente por un par de meses.
Bajo la influencia de los «Chicago Boys», economistas orientados al libre mercado, el nuevo régimen implementó la liberalización económica, incluida la estabilización monetaria. También eliminó las protecciones arancelarias para la industria local, prohibió los sindicatos y privatizó la seguridad social y empresas estatales. Estas políticas produjeron un inicial crecimiento económico, que Milton Friedman denominó el «milagro de Chile», pero que contrasta con un aumento dramático en la desigualdad de ingresos y que llevó a una devastadora crisis económica en 1982. Durante la mayor parte de la década de 1990, Chile fue la economía de mejor desempeño en América Latina, aunque el legado de las reformas de Pinochet sigue en disputa.
Durante la dictadura se cometieron graves y diversas violaciones de los derechos humanos. Pinochet persiguió a izquierdistas, socialistas y críticos políticos, lo que provocó el asesinato de entre 1200 y 3200 personas, la detención de unas 80 000 personas y la tortura de decenas de miles. Según el gobierno chileno, el número de ejecuciones y desapariciones forzadas fue de 3095. Pinochet fue arrestado bajo una orden internacional de arresto en una visita a Londres el 10 de octubre de 1998 en relación con numerosas violaciones de derechos humanos. Luego de una batalla legal, fue liberado por motivos de salud y regresó a Chile el 3 de marzo de 2000. En 2004, el juez chileno Juan Guzmán Tapia dictaminó que Pinochet era médicamente apto para enfrentar un juicio y lo puso bajo arresto domiciliario.
En el momento de la muerte de Pinochet bajo arresto domiciliario, el 10 de diciembre de 2006 en Chile, aún se encontraban pendientes 300 cargos penales por numerosas violaciones de derechos humanos durante su mandato de 17 años, además de casos de evasión de impuestos y malversación durante y después de dicho periodo. También fue acusado de haber acumulado corruptamente al menos 28 millones de dólares.
Augusto Pinochet fue el primero de los seis hijos del matrimonio conformado por Augusto Alejandro Pinochet Vera (Valparaíso, 1891) y Avelina Ugarte Martínez (Santiago). Su padre comenzó a trabajar a los catorce años para la firma comercial Williamson Balfour, y más tarde se desempeñó como bombero y funcionario en una sociedad aduanera. Avelina estudió desde los nueve años en un colegio de monjas y se trasladó a Valparaíso luego de que su madre viuda volviera a casarse. A los cuatro años de edad lo atropelló un vehículo, pasándole la rueda por su muslo izquierdo. Fue trasladado al Hospital de San Agustín (demolido a causa del terremoto de 1985), donde se le diagnosticó tumor blanco en la rodilla y los médicos le dijeron que le amputarían la pierna. Sin embargo, el arribo al hospital de un famoso especialista desde Buenos Aires permitió cambiar el diagnóstico por el de hidroartrosis, de manera que no fue necesaria la amputación. Hasta los seis años vivió en una propiedad frente a la Plaza O'Higgins, en Valparaíso, la que más tarde sería demolida para levantar allí el edificio donde actualmente está emplazado el Congreso Nacional.
Comenzó sus estudios en su ciudad natal, en el Seminario San Rafael. Luego estudió en el Instituto Rafael Ariztía de Quillota y en el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso, para entrar finalmente a la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins en Santiago, el 11 de marzo de 1933, a los diecisiete años de edad. Su ingreso a esta institución no le fue fácil, ya que fue rechazado en dos ocasiones: la primera por su corta edad y la segunda por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos en los exámenes médicos (delgadez).
Pinochet comenzó una relación con María Lucía Hiriart Rodríguez, hija de Osvaldo Hiriart Corvalán, abogado y político radical que se desempeñó en Chile como senador y ministro del Interior. Contrajeron matrimonio el 30 de enero de 1943, pese a la oposición de sus padres, producto de la carrera militar del novio, que por entonces estaba alejada de los altos estratos sociales. De esta relación nacieron cinco hijos: Inés Lucía, Augusto, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline.
En cuanto a su carrera militar, ejerció como alférez en Concepción y luego como subteniente y teniente en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Una vez ascendido al grado de capitán, fue destinado a Iquique por un período prolongado, durante el cual estuvo a cargo del campo de detención de Pisagua en la época de vigencia de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, promulgada en 1948 con el fin de proscribir la participación política del Partido Comunista. A mediados de la década de 1960, viajó a Ecuador con su familia en una misión militar que tenía por objeto organizar la Academia de Guerra de dicho país. Luego de tres años, regresó a Chile con el grado de mayor y con la condecoración «Abdón Calderón», otorgada a todos los participantes de la misión. Entre 1964 y 1968 fue subdirector y profesor de geopolítica en la Academia de Guerra. En 1969 fue ascendido a general de brigada, desempeñándose como comandante en jefe de la Sexta División y en 1971 fue promovido a general de división.
Salvador Allende fue elegido presidente de Chile por el Congreso Nacional, el 24 de octubre de 1970, luego de haber obtenido la mayoría de votos en la elección del 4 de septiembre de ese año. El 22 de octubre, trece días antes de asumir el cargo, el comandante en jefe del Ejército, el general René Schneider, fue baleado tras un fallido intento de secuestro por sectores de extrema derecha, vinculados con la CIA estadounidense, cuyo propósito era evitar la elección de Allende por el Congreso. Schneider falleció tres días después del atentado, siendo sustituido por el general Carlos Prats. Después de los funerales, Pinochet aceptó el cargo de Comandante General de la Guarnición de Ejército de Santiago, ofrecido por Allende. Prats y Pinochet llegarían a establecer una relación muy cercana. El primero lo consideraba un soldado apolítico y profesional, por lo que Pinochet fue uno de sus más cercanos colaboradores. Para varios generales, Pinochet pasó a ser considerado el segundo al mando después de Prats.
En noviembre de 1971 Pinochet fue designado representante de la delegación de Fidel Castro, quien estuvo de visita en Chile durante veintitrés días. En enero del año siguiente fue ascendido a jefe del Estado Mayor del ejército, el segundo cargo en importancia de la institución.
La férrea y creciente oposición al gobierno de la Unidad Popular conllevó el 29 de junio de 1973 a una sublevación militar conocida como el «tanquetazo», protagonizada por el Regimiento Blindado N° 2 liderado por el teniente coronel Roberto Souper. Pese a la muerte de 22 civiles, la sublevación fue sofocada por Prats y sus generales más cercanos: Augusto Pinochet, Guillermo Pickering y Mario Sepúlveda. Según algunos analistas políticos, el «tanquetazo» fracasó principalmente por la ausencia del apoyo del Regimiento de Infantería N° 1 «Buin», que había sido aplacado estratégicamente por Pinochet.
Tras el tanquetazo, el general Prats fue nombrado ministro de defensa, lo que generó un descontento en los altos rangos de las Fuerzas Armadas. El 21 de agosto, un grupo de esposas de generales y oficiales de civil fueron a manifestarse violentamente en su contra fuera de su casa, lo que sumado al escaso apoyo de los demás generales provocó su renuncia dos días después. Prats le propuso a Allende que su reemplazante fuera Augusto Pinochet, propuesta que el presidente aceptó ese mismo día, por lo que asumió así Pinochet el cargo de comandante en jefe.
En este mismo período, la Cámara de Diputados, liderada por la oposición a Allende, emitió un acuerdo, sin calidad jurídica, que declaraba el "grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república". Para entonces varios miembros de las Fuerzas Armadas ya estaban decididos a realizar un golpe de Estado, liderado por el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, y el vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino. Además contaban con el apoyo de la CIA y el gobierno estadounidense de Richard Nixon. Para asegurar el éxito del ataque, solo faltaba el apoyo de Augusto Pinochet, como comandante en jefe del ejército. Sin embargo, hacia el 8 de septiembre de 1973, pese a la solicitud explícita del general Sergio Arellano Stark, Pinochet aún no había dado una respuesta definitiva. A la mañana del día siguiente asistió junto a otros generales a una reunión con Allende, quien previendo un problema con las Fuerzas Armadas anunció su decisión de realizar un plebiscito para salir de esta crisis política a través de una vía democrática. Pese a lo anterior, ese mismo día Pinochet decidió finalmente sumarse al golpe.
El 10 de septiembre de 1973, Pinochet envió a su esposa y a sus hijos más pequeños, Marco Antonio y Jacqueline, a la Escuela de Alta Montaña, en el sector de Río Blanco, comuna de Los Andes, situado muy cerca de la frontera con Argentina. De este modo podrían huir al país vecino en caso de que el golpe de Estado fracasara.
El golpe de Estado se ejecutó al día siguiente, bajo la coordinación de Patricio Carvajal. Durante toda la ofensiva militar al Palacio de La Moneda, Pinochet estuvo en el Comando de Telecomunicaciones del ejército, desde donde los golpistas se mantuvieron comunicados en todo momento.
Luego de varias horas de enfrentamientos y bombardeos militares, La Moneda fue finalmente asaltada y ocupada por las fuerzas armadas, momento en el que Salvador Allende decidió suicidarse. Esa misma tarde se reunieron Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército; José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leigh, comandante en jefe de la fuerza aérea, y César Mendoza, general director de Carabineros, para conformar la nueva Junta Militar que asumió el control del país.
Augusto Pinochet, como comandante en jefe de la rama más antigua de las fuerzas armadas, asumió la presidencia de la Junta Militar de Gobierno. A partir de órdenes dictadas a través de cadena nacional de radio y televisión, proscribió los partidos políticos, disolvió el Congreso Nacional, restringió los derechos civiles y políticos y ordenó la detención de los máximos líderes de la Unidad Popular, declarándola ilegal.
El 17 de junio de 1974, mediante el Decreto Ley 527, asumió como jefe supremo de la Nación, denominación que mantuvo hasta el 17 de diciembre de 1974, cuando mediante una modificación de dicho decreto fue nombrado presidente de la República por los demás integrantes de la Junta Militar. Su esposa, Lucía Hiriart de Pinochet, se convirtió consecuentemente en primera dama, y adquirió un destacado rol en la política nacional como nueva presidenta de la fundación CEMA Chile y creadora de la agrupación de mujeres Damas de Color, orientada a las obras de caridad.
Pinochet buscó legitimar su dictadura en 1978, por medio de un cuestionado plebiscito nacional, el cual no se celebró en forma abierta ni transparente. Dos años después, mediante un nuevo plebiscito, cuya legitimidad también es cuestionada, se aprobó la Constitución de 1980 en reemplazo de la Constitución de 1925, entre cuyas disposiciones se estableció un período presidencial de ocho años de duración, a partir del 11 de marzo del año siguiente.
Apenas iniciada la dictadura, la Junta Militar encabezada por Pinochet decretó un toque de queda que perduraría hasta el 2 de enero de 1987. Desde entonces, se comenzaron a desarrollar diversas políticas de represión, las que se manifestaron sobre todo los primeros años, con la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta bajo el mando del general Manuel Contreras, que se dedicó sistemáticamente entre 1973 y 1977 a la persecución, secuestro, tortura y asesinato de los opositores al nuevo régimen. La unidad de exterminio más cruel de la organización fue la Brigada Lautaro, cuyos crímenes fueron perpetrados con el conocimiento y consentimiento de Pinochet. A lo anterior se sumaron masivas redadas, allanamientos y enfrentamientos armados, así como el exilio forzado y opcional de miles de personas al extranjero.
Durante los meses restantes de 1973, se organizó la denominada Caravana de la Muerte, una comitiva del Ejército de Chile a cargo del general Sergio Arellano Stark, cuyo objetivo era recorrer el país para verificar y agilizar las ejecuciones sumarias a los detenidos políticos de alta connotación detenidos en los recintos militares. Mediante esta medida se fusiló e hizo desaparecer a personas en Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Pisagua, entre otras localidades del país. Sus restos fueron lanzados al mar o enterrados en lugares solo conocidos por los militares. Muchos de estos cuerpos jamás volvieron a encontrarse y aún se les considera detenidos desaparecidos.
El 30 de septiembre de 1974 el general Carlos Prats fue asesinado junto a su esposa en Buenos Aires, ciudad a la que habían huido pocos días después del golpe de Estado. Una investigación judicial realizada por la jueza argentina María Servini de Cubría y el magistrado chileno Alejandro Solís, estableció que el crimen había sido ordenado por Augusto Pinochet, quien, sin embargo, nunca fue condenado.
Otra autoridad del gobierno de Salvador Allende asesinada durante la dictadura fue el exministro de Relaciones Exteriores, Orlando Letelier, quien, como Prats, murió por un coche bomba junto a la activista política Ronni Moffitt, el 21 de septiembre de 1976 en Washington D. C. Por este crimen fueron condenadas varias personas, entre ellas Michael Townley, agente de la CIA, muy cercano a la DINA; Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza. Varios años más tarde, se determinó que el mismo Pinochet dio la orden de asesinato.
En 1977, la DINA fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), cuyo primer director fue el general Odlanier Mena. Si bien la CNI como organismo represivo fue notoriamente menos violento que la DINA, algunos de sus agentes figuran como involucrados en casos emblemáticos, como el asesinato en 1982 de Tucapel Jiménez, líder sindical y presidente de la ANEF. Desde su creación, una extensa red de informantes de la CNI se implantaron en numerosas instituciones públicas y privadas a lo largo de todo el país, tales como bancos, hospitales, tribunales de justicia, centros comerciales y centros culturales.
Durante el período de la dictadura militar se realizaron profundas reformas económicas que convirtieron a Chile en uno de los pioneros del neoliberalismo económico que comenzó a asentarse en la década de 1980. Para la formulación de este nuevo modelo, Pinochet confió en los denominados Chicago Boys, un grupo de economistas educados en la Universidad de Chicago bajo la dirección del economista conservador y premio Nobel de Economía, el estadounidense Milton Friedman, quien posteriormente se refirió a estas reformas como el «milagro de Chile».
Para subsanar la baja del PGB y la hiperinflación nacional generada tras el colapso económico de 1973, los Chicago Boys desarrollaron una serie de ideas de política económica que documentaron en el texto El ladrillo y que decidieron materializar en 1975, mediante la implementación de una economía de libre mercado, con una apertura comercial en el mundo y la reducción de los poderes del Estado, hasta convertirlo en un ente subsidiario. Como medidas concretas, se redujo el gasto público en un 27 %, se despidió a un alto porcentaje de empleados públicos, se privatizaron unas quinientas empresas nacionales, se aumentó el impuesto del IVA, se disminuyeron drásticamente los aranceles comerciales a importaciones y se liquidó el sistema de ahorro y préstamos de vivienda. Estas medidas, conocidas como el shock y cuestionadas por los economistas más clásicos, no consiguieron revertir en un comienzo las cifras negativas, pero el modelo se comenzó a afianzar hacia 1977, iniciándose un fuerte crecimiento macroeconómico conocido como el boom, el cual sin embargo no consiguió corregir los altos índices de cesantía.
El boom continuó durante cinco años, hasta detenerse drásticamente con la crisis económica de 1982, la más trágica en el país desde la Gran Depresión en los años treinta. Esta crisis se debió a una recesión mundial en 1980, que afectó fuertemente a la economía nacional, la cual había empezado a depender en exceso del mercado exterior. A lo anterior se sumó el excesivo endeudamiento privado y la fijación del dólar estadounidense a 39 pesos chilenos de la época. La disminución del PIB en un 14,3 % obligó a las autoridades a devaluar el peso en un 18 %, a intervenir más de cinco bancos y a licitar empresas todavía estatales, como Chilectra y la Compañía de Teléfonos. Para intentar controlar la cesantía, que llegó hasta un 23,7 %, se creó el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH) y se intensificó el Programa de Empleo Mínimo (PEM), creado en 1974.
Esta crisis trajo numerosas represalias. El descontento de trabajadores, estudiantes y opositores de la dictadura generó a partir de 1983 masivas protestas nacionales y un fortalecimiento del desaparecido movimiento sindical, iniciativas que fueron violentamente reprimidas. Ese mismo año se crearon la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular, coaliciones políticas que agruparon a diversos partidos opositores a la dictadura con el fin de buscar enfrentar a Pinochet por la vía democrática. En contraste, también se creó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo paramilitar de extrema izquierda que se sumaría al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) como opositores que abogaban por la vía armada.
En 1984 Pinochet designó como ministro de Hacienda a Luis Escobar Cerda, economista que se alejó momentáneamente de las ideas liberalizadoras de los Chicago Boys. Sin embargo, en 1985, cuando el país ya parecía recuperado de la crisis, decidió reemplazar a Escobar por Hernán Büchi y retomar el modelo neoliberal. Büchi optó por reformas menos radicales que las de sus predecesores, logrando revitalizar la economía a través de diversas medidas, tales como el control de la tasa de interés, el fomento de las exportaciones, la estatización y renegociación de la deuda externa privada, y la privatización de las empresas estatales más grandes de las restantes (CAP, Enersis, Endesa, Entel, CTC, IANSA, LAN Chile, entre otras). El cobre continuó su proceso de desnacionalización, si bien Codelco se mantuvo como empresa estatal.
Luego del retorno a la democracia, el modelo económico instaurado en Chile durante el período de la dictadura militar se consideró un modelo a seguir por muchos economistas, debido a la prosperidad de sus índices macroeconómicos que se mantuvieron estables durante las décadas siguientes. Sin embargo, las excesivas facultades a la empresa privada y la carencia de control estatal también conllevaron un desmedido incremento de la desigualdad económica y de la segregación social, especialmente en temas de salud y educación, todos ellos problemas que persisten hasta hoy.
Apenas constituida la Junta Militar de Gobierno, Chile cortó sus relaciones diplomáticas con Cuba y Corea del Norte. Consecuentemente, varios Estados socialistas como la Unión Soviética, la República Democrática Alemana, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia y Vietnam del Norte, rompieron relaciones diplomáticas con Chile. Los Estados socialistas de Rumanía y la República Popular China, sin embargo, mantuvieron relaciones con Chile; el primero por razones comerciales y el segundo por estrategia político-militar, al considerar ambos a la Unión Soviética como país enemigo. En enero de 1974 Chile rompió relaciones con Camboya y en marzo reanudó sus vínculos con Vietnam del Sur.
Durante los primeros años de la dictadura militar, Pinochet participó a través de la DINA y la CNI en la Operación Cóndor, un plan de coordinación de operaciones de represión de movimientos izquierdistas entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Sudamérica y la CIA de los Estados Unidos. La operación afectó principalmente a ciudadanos uruguayos, argentinos y chilenos, si bien también se concentró en el asesinato de autoridades de otros países, como el caso del general Juan José Torres, expresidente de Bolivia. En varias ocasiones, el coordinador de las operaciones de exterminio fue el exagente sicario de la CIA y colaborador de Manuel Contreras, Michael Townley. A esta operación se deben, entre otros, los atentados en contra de Edgardo Enríquez y de Bernardo Leighton y su esposa, así como los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa, del excanciller Orlando Letelier y de las 119 víctimas de la Operación Colombo.
La violencia de estas operaciones junto con las denuncias realizadas por los numerosos exiliados gatilló el rechazo de la opinión internacional. Chile fue aislado de la política internacional y Pinochet se vio impedido de viajar oficialmente al extranjero, salvo por contadas excepciones: un viaje público a España en 1975 para asistir al funeral del dictador Francisco Franco, otro a Estados Unidos en 1977 para reunirse con el presidente Jimmy Carter, y otro secreto a Bolivia en 1988, en donde se reunió con Víctor Paz Estenssoro.
Las relaciones con el Reino Unido estuvieron rotas hasta 1979, año en que Margaret Thatcher asumió como primera ministra de dicho país. Thatcher levantó el bloqueo de venta de armas a Chile, y Pinochet, por su parte, apoyó incondicionalmente al Reino Unido durante la guerra de las Malvinas con Argentina. Entre ambos mandatarios se desarrolló una relación de amistad que trascendió el período de la dictadura militar.
Las relaciones con los Estados Unidos fueron particulares. Pese al apoyo excepcional del secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en 1976, empeoró gravemente las relaciones diplomáticas con dicho país. En 1980, el gobierno de Jimmy Carter, con quien se había reunido unos años antes, respaldó a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para que el dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, cancelara su visita con Pinochet mientras este se encontraba en pleno vuelo. Todo esto, sin embargo, no impidió que se mantuvieran las relaciones comerciales entre ambos países, motivadas por el nuevo modelo afín de apertura económica neoliberal.
En cuanto a las relaciones de Chile con sus países vecinos, estas fueron dispares. Pinochet y el dictador boliviano Hugo Banzer Suárez tuvieron positivos acercamientos para buscar una solución a la mediterraneidad de Bolivia. Mediante el Acuerdo de Charaña, firmado el 8 de febrero de 1975, ambos países restablecieron sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 1962, y Chile se propuso otorgarle a Bolivia un corredor terrestre para la exportación marítima. No obstante, el acuerdo no logró avanzar debido a exigencias adicionales del Perú, bajo el mando del dictador Francisco Morales Bermúdez, de modo que Banzer decidió nuevamente romper las relaciones el 17 de marzo de 1978.
Al contrario de Bolivia, las relaciones con Argentina fueron marcadamente hostiles, en especial durante el período de la dictadura de Jorge Rafael Videla (1976-1981). Producto del conflicto del Beagle, casi se desata una guerra entre ambos países en 1978, en la que Argentina habría ejecutado la Operación Soberanía a fines de ese año. Sin embargo, el conflicto se apaciguó gracias a la mediación del papa Juan Pablo II. Unos años después, durante la guerra de las Malvinas (1982) entre Argentina y el Reino Unido, Pinochet brindó apoyo logístico y de inteligencia militar a los británicos.
Entre el 1 y el 6 de abril de 1987, Juan Pablo II visitó el país en medio de un multitudinario y agradecido recibimiento. El papa, contrario a la dictadura de Pinochet, se reunió con el mandatario, y este consiguió que ambos aparecieran juntos en público, pese a la petición expresa del papa de que esto no ocurriese.
El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue creado en 1983, en paralelo con un creciente movimiento social opositor a la dictadura de Pinochet. Este grupo paramilitar contó con el apoyo del régimen de Fidel Castro, quien les proporcionó un cuantioso arsenal, el cual fue descubierto y requisado por las Fuerzas Armadas el 6 de agosto de 1986. Un mes después, el 7 de septiembre, mientras Augusto Pinochet regresaba con su comitiva a Santiago desde su casa de El Melocotón, en el Cajón del Maipo, fue atacado con lanzacohetes y ametralladoras por un grupo de frentistas, en un ataque organizado conocido como Operación Siglo XX. Pinochet, el objetivo único del ataque, logró salir prácticamente ileso, pero murieron cinco escoltas y once resultaron heridos. En marzo de 2013, el diputado comunista Guillermo Teillier declaró ser el autor intelectual del atentado.
En respuesta, Pinochet declaró un estado de sitio, y durante esa noche la CNI mató a cuatro opositores, entre ellos el periodista José Carrasco Tapia. La Policía de Investigaciones, por su parte, detuvo a varios líderes opositores para mantenerlos protegidos, entre ellos el futuro presidente Ricardo Lagos. De los 18 frentistas que participaron en el atentado, solo Mauricio Hernández Norambuena fue apresado, varios años más tarde y por otras razones.
Entre el 15 y 16 de junio de 1987, la CNI ejecutó la llamada Operación Albania, también conocida como la matanza de Corpus Christi, en la cual fueron asesinados 12 miembros del FPMR.
De acuerdo con lo estipulado en la Constitución de 1980, en 1989 debía elegirse un nuevo mandatario para el país. El candidato no podía ser Augusto Pinochet, a menos que contara con la aprobación de la ciudadanía, a través de un plebiscito solicitado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros.
Con este fin se convocó a un plebiscito nacional en 1988 para decidir si Pinochet podría ser elegido presidente de la República por un nuevo período de ocho años, hasta diciembre de 1997. El proceso de votación, según lo estipulado en 1985 por el Tribunal Constitucional, esta vez estaría regulado por un Tribunal Calificador de Elecciones, y no por el Poder Ejecutivo, como había sido el caso en los dos plebiscitos anteriores de 1980 y 1978.
Si bien los medios de comunicación oficiales estaban mayormente controlados por la dictadura militar, se estableció una franja electoral televisada de quince minutos diarios de duración, los que fueron aprovechados exitosamente por la coalición del «no» (a Pinochet). El plebiscito se realizó el 5 de octubre de 1988, oportunidad en que resultó ganadora la opción «No», con un 55,99 % de los votos, contra un 44,01 % para la opción «Sí». Pese a la existencia de documentos desclasificados que declaran que Pinochet tuvo intenciones de realizar un autogolpe para mantenerse en el poder, su derrota fue reconocida por los oficialistas. Al año siguiente se plebiscitaron reformas en la Constitución, y se eligió democráticamente como presidente al democratacristiano Patricio Aylwin, quien asumió el cargo el 11 de marzo de 1990, iniciándose así el período de Transición a la democracia.
Gracias a las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, luego de dejar el poder, Pinochet pudo continuar otros ocho años como comandante en jefe del Ejército. Durante los primeros años de dictadura, se había aprobado la Ley de Amnistía, a través de la cual se podía amnistiar inmediatamente a cualquier militar acusado de violaciones de los derechos humanos por hechos ocurridos entre 1973 y 1978.
En respuesta a lo anterior, Patricio Aylwin optó por una manera de proceder que se conoció como «doctrina Aylwin», la cual en su momento fue rechazada por políticos e importantes medios de comunicación de derecha, tales como el periódico El Mercurio. En abril de 1990, un mes después de asumido su cargo presidencial, Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la que fue presidida por Raúl Rettig, quien se dedicó a investigar los numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura.
De este modo, independientemente de que muchos acusados no pudiesen ser juzgados por sus crímenes, los resultados salieron a la luz en el llamado Informe Rettig el 8 de febrero de 1991. Gracias a estas investigaciones, años más tarde se pudo condenar a exmiembros de la DINA, tales como Manuel Contreras y Pedro Espinoza, así como a algunos responsables del caso Degollados y la Operación Albania, ambos sucesos ocurridos en fechas posteriores al período de amnistía.
Durante sus años restantes como comandante en jefe, Pinochet mantuvo pésimas relaciones con el ministro de Defensa, Patricio Rojas, pero se entendió muy bien con el secretario general de gobierno, Enrique Correa Ríos.
Pinochet pasó a retiro como comandante en jefe el 10 de marzo de 1998, fecha en que le entregó el mando a Ricardo Izurieta, militar sin relación con las violaciones de los derechos humanos. Al día siguiente fue designado senador en calidad de senador vitalicio, en medio de protestas de sus opositores nacionales e internacionales. Desde entonces, en general se mantuvo al margen de la política activa y no participó mayormente en el Congreso. Su actuación más destacada durante su período parlamentario fue el acuerdo con el presidente del Senado Andrés Zaldívar para eliminar el día 11 de septiembre como feriado legal (Día de la Liberación Nacional) y reemplazarlo por el Día de la Unidad Nacional.
A partir del período de transición a la democracia, Pinochet debió enfrentar numerosas querellas por violaciones a los derechos humanos, así como acusaciones de corrupción.
La corrupción durante el período de la dictadura militar se vio favorecida por la ausencia de libertad de expresión y de libertad de prensa, así como por la imposibilidad por parte de la Contraloría de poder realizar sus funciones fiscalizadoras. Se designó a funcionarios con conflictos de interés, se realizaron coimas al poder judicial, se malversaron fondos públicos mediante sobresueldos y cuantiosas indemnizaciones, miembros del poder ejecutivo efectuaron millonarios negocios con la empresa privada, y tres días antes de que Pinochet dejara el mando, el 8 de marzo de 1990 se promulgó la «ley de amarre», la cual prohibió el despido de los exfuncionarios de confianza de Pinochet, luego de la transición a la democracia.
Durante la dictadura, algunos miembros de la familia Pinochet se enriquecieron mediante cuestionados negocios. El yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, de funcionario público se convirtió en pocos años en millonario. Fue designado gerente de las empresas CORFO y SOQUIMICH, las que no declaraban todos sus beneficios, al mismo tiempo que trabajaba como miembro de la Comisión de Venta de Activos, encargada de vender estas empresas y sus filiales. Más tarde se convirtió en un líder mundial del mercado del litio. La empresa CEMA Chile, por su parte, administrada por Lucía Hiriart de Pinochet, utilizó durante años terrenos proporcionados gratuitamente por la Junta Militar, los cuales en 2002 fueron adquiridos a un precio muy inferior a su valor de mercado por la Universidad Bernardo O'Higgins, cofundada por Augusto Pinochet en 1990. Por ley, hasta mayo de 2006, recibió recursos provenientes de la Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, estimados en más de US$820 mil.
Un caso paradigmático tuvo como protagonistas a Augusto Pinochet y su primogénito, Augusto Pinochet Hiriart. En 1984, Pinochet Hiriart, usando a su amigo Eduardo Le Roy Vicuña como testaferro, compró la empresa metalúrgica Nihasa Limitada, cambiando pronto su nombre por el de Proyectos Metalúrgicos Integrados de Producción (PSP). Entre sus contratistas figuraron CEMA Chile y el Ejército de Chile. En 1987, PSP compró Valmoval, empresa administrada por el Ejército y recientemente declarada en quiebra. Dos años después, el Ejército volvió a comprar dicha empresa, a través de tres cheques a nombre de Augusto Pinochet —los llamados «pinocheques»— por un monto cercano a los 3 millones de dólares, los cuales fueron depositados por Pinochet Hiriart en diversas cuentas bancarias estadounidenses a nombre de su esposa e hijos. Este caso se filtró a la prensa, pero el 19 de diciembre de 1990, a unos meses de asumida la presidencia de Patricio Aylwin, Augusto Pinochet ordenó un acuartelamiento de tropas que se extendió hasta altas horas de la noche, presionando al Gobierno para que no iniciara acciones legales. Posteriormente, en declaraciones de prensa se dijo que las acciones habían sido únicamente un «ejercicio de enlace». El 28 de mayo de 1993, luego que el diario La Nación publicara una noticia con el titular «Reabren caso cheques del hijo de Pinochet», el comandante en jefe inició nuevas presiones, esta vez más explícitas, reuniéndose en el Edificio de las Fuerzas Armadas, situado a unos doscientos metros del Palacio de La Moneda, con oficiales del Ejército escoltados por soldados armados y vestidos con trajes de combate, por cuyas boinas negras al suceso se le conoció como «el boinazo». Aylwin se vio obligado nuevamente a ceder. Más tarde, durante el gobierno siguiente de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la causa debía ser revisada por la Corte Suprema. Esta vez las presiones del ejército se realizaron en 1995, a través de un «picnic» con los oficiales vestidos de civil a las afueras del Penal de Punta Peuco, donde cumplían condena militar algunos acusados por violaciones de los derechos humanos. En vista de lo anterior, el Presidente Frei ordenó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que cerrara el caso definitivamente, aduciendo a la razón de Estado y quedando Pinochet Hiriart impune, así como otros dos civiles y dos miembros del ejército, que también fueron imputados.
El caso anterior generó dudas acerca del origen de la fortuna de Pinochet, las cuales se acrecentaron producto de un nuevo proceso judicial que debió enfrentar luego que el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos, a través de la Ley Patriota, que reveló el 14 de julio de 2004 que el comandante en jefe chileno mantuvo varias cuentas secretas desde 1994 en el Banco Riggs. En la investigación preliminar se detectaron 125 cuentas bancarias, con una fortuna estimada en unos 27 millones de dólares, muchas de ellas abiertas después de que el juez español Baltasar Garzón ordenara la congelación internacional de sus fondos. Siete días después el CDE entabló una querella contra Pinochet, bajo la acusación de malversación de caudales públicos y lavado de dinero. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz, tramitó el caso hasta septiembre de 2005, para luego llegar a la Corte Suprema. A partir de entonces tomó el caso el magistrado Carlos Cerda, quien realizó una serie de órdenes de detención y allanamiento en contra de la familia de Pinochet, así como de varios colaboradores suyos. Al poco tiempo, el propio Carlos Cerda decretó la libertad provisional de todos los procesados, incluyendo a Oscar Aitken, antiguo albacea de Pinochet que no pudo ser localizado. El caso finalmente se cerró en agosto de 2013 por el ministro en visita Manuel Valderrama, sin procesar a ningún miembro de la familia Pinochet.
El 1 de diciembre de 1991, semanas antes del acuartelamiento de tropas del ejército organizado para detener las investigaciones por los «pinocheques», se detectó una carga de armamento destinada a una venta ilegal de Chile a Croacia, ordenada por Pinochet y ejecutada por civiles y altos cargos del ejército y la Fuerza Aérea. Autoridades húngaras interceptaron en Budapest 11,5 toneladas de armas destinadas a Croacia, país al que la ONU tenía prohibida la compra de armamento, producto de su reciente independencia de Yugoslavia. El cargamento, enviado por personal de FAMAE en junio de 1990 estaba inicialmente valorado en 200 mil dólares y oculto en 36 cajones etiquetados como «ayuda humanitaria a Sri Lanka». La investigación del caso comenzó ese mismo año. El 20 de febrero del año siguiente, el cuerpo del coronel Gerardo Huber, exmiembro de la DINA y encargado de la compra de armamento durante la dictadura, quien había desaparecido hacía un mes y estaba citado a declarar por el caso, fue encontrado muerto en un río, luego de haber sido asesinado. A pesar de que las primeras declaraciones oficiales dijeron que Huber se había suicidado arrojándose desde un puente, los análisis forenses lo desmintieron, encontrando su cráneo destruido por la bala de un rifle militar. El caso estuvo abierto por más de veinte años, habiendo cambios de jueces durante el proceso y encontrándose conexiones con la Operación Cóndor. La mercancía encontrada en Budapest fue regresada a Chile, y allí se estimó que su costo estaba avalado en realidad en 3 millones de dólares. Finalmente el caso se cerró, luego de varios cambios, en enero de 2012, condenándose a 11 involucrados, entre ellos el General (R) del ejército Héctor Letelier Skinner, también procesado por el Caso Riggs. A todos los condenados de les concedió posteriormente beneficios tales como libertad vigilada o remisión condicional, por lo que ninguno fue encarcelado.
En 1997, un diputado descubrió y denunció otra práctica de contrabando organizada durante la dictadura militar, entre cuyos involucrados había nuevamente altos mandos de la Fuerza Aérea (FACh). Se descubrieron contenedores de importaciones que supuestamente eran pertrechos de guerra, pero que en realidad contenían artículos personales dirigidos a oficiales, incluyendo su general en jefe, tales como muebles de ratán, licores, artículos deportivos y botes a motor último modelo, entre otros artículos de lujo. Al tratarlos como pertrechos de guerra, los oficiales eludían el pago de impuestos en Estados Unidos, de los derechos aduaneros y el impuesto de compraventa en Chile, siendo además pagados por la institución los costos de fletes y seguros. La reacción de los altos mandos de la FACh ante las acusaciones fue violenta, negando rotundamente los hechos y haciendo un llamado al patriotismo. El general implicado debió finalmente renunciar y jubilar. Para el año 2003, el caso aún seguía abierto.[actualizar]
A mediados de 2006, el detenido exdirector de la DINA, Manuel Contreras, acusó a Augusto Pinochet por tener vínculos con narcotraficantes como Edgardo Bathich, de los que supuestamente se habría beneficiado a través de negocios ilícitos. Según Contreras, Pinochet había usado un complejo químico que el Ejército tenía en Talagante para producir cocaína elaborada por Eugenio Berríos. El encargado de distribuir la droga en Estados Unidos y otros países habría sido el traficante sirio Monzer Al Kassar. Contreras declaró que la mayoría de los fondos de Pinochet que no se podían justificar provenían del narcotráfico y que todos sus hijos varones habrían estado involucrados en el negocio desde 1983, cuando el primogénito, Augusto Pinochet Hiriart, vivía en Los Ángeles, California. Marco Antonio, por su parte, desmintió las acusaciones de Contreras.
El 26 de noviembre de 1997, en ocasión de la visita de Pinochet a Ecuador para asistir a la XII Conferencia de Ejércitos Americanos, realizada en el balneario de Salinas, un grupo de políticos, artistas, intelectuales y activistas de derechos humanos interpusieron una acción penal contra el exdictador ante la Corte Suprema de Justicia de Ecuador (CSJ) por el asesinato y desaparición de cuatro ecuatorianos tras el golpe de Estado en Chile de 1973 (Sócrates Ponce, Freddy Torres, Felipe Campos y José Félix García). Entre los querellantes o firmantes de la demanda se encontraban el reconocido pintor Oswaldo Guayasamín, el escritor Jorge Enrique Adoum, el expresidente de Ecuador Rodrigo Borja Cevallos, el exvicepresidente de ese país León Roldós Aguilera, los expresidentes del Tribunal de Garantías Constitucionales ecuatoriano, Ernesto López Freire y Julio César Trujillo (quien también fue brevemente Defensor del Pueblo del Ecuador en 1997), el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, Juan de Dios Parra, y el vocero de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Alexis Ponce.
La demanda fue desestimada por el presidente de la CSJ ecuatoriana, quien alegó que Pinochet debía encontrarse bajo arresto en territorio ecuatoriano (pese a haberse incluido la solicitud de arraigo en la demanda), y que Ecuador no gozaba de jurisdicción para juzgar dichos casos. Esto último pese a que, según declaró Parra, el Código Penal ecuatoriano entonces vigente «no establece prohibiciones a las autoridades penales de Ecuador para que procese a un comandantes de ejércitos extranjeros transeúntes» (sic). El código penal ecuatoriano entonces vigente establecía la prescripción de causas al cabo de diez años de cometido un delito, pero Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica para los Derechos Humanos, declaró que «hemos argumentado que los delitos contra la humanidad no prescriben, de acuerdo con los convenios internacionales de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, que fueron suscritos por nuestro país».
Por otra parte los militares ecuatorianos, que habían recibido apoyo material de Pinochet durante la Guerra del Cenepa con Perú en 1995, le impusieron una serie de condecoraciones.
El 21 de septiembre de 1998, Pinochet viajó con uno de sus nietos a Londres, Inglaterra, para realizarse una operación de hernia discal lumbar. El 10 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dictó una orden de detención en su contra desde España, por su presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura. La detención se efectuó durante la medianoche del 16 de octubre, por agentes de Scotland Yard que ingresaron a la clínica privada London Clinic donde Pinochet se encontraba internado. Ante las presiones del gobierno chileno para su repatriación, tres organizaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional, informaron a la policía inglesa acerca del caso del británico William Beausire, desaparecido forzosamente en Chile en 1975 durante la dictadura de Pinochet.
Una semana después de su detención, el juez Garzón dictó una orden de embargo de sus posibles cuentas bancarias en Suiza, Luxemburgo y otros países, en la que no se consideraría un centenar de millonarias cuentas secretas que se revelarían seis años más tarde en Estados Unidos, producto de las investigaciones del caso Riggs. El 29 de octubre Pinochet fue trasladado a un exclusivo hospital psiquiátrico al norte de Londres, bajo custodia policial, y los días siguientes se fueron sumando nuevas denuncias de familiares de asesinados y detenidos desaparecidos, entre ellos Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, quienes comparecieron ante la Cámara de los Lores. A la petición de extradición del gobierno español se sumaron la del gobierno suizo, que entabló una nueva orden de detención por la desaparición en 1977 de Alexis Jaccard, y la del gobierno francés, que denunció secuestros y torturas por medio del juez Roger Le Loire.
Pinochet compareció por primera vez ante el tribunal británico el 11 de diciembre de 1998. El 24 de marzo del año siguiente, el Comité de la Cámara de los Lores decidió que solo podía ser extraditado por las acusaciones de delitos de tortura y conspiración de tortura cometidos después del 8 de diciembre de 1988. El 8 de octubre, el tribunal de Bow Street, liderado por el juez Ronald Bartle, aprobó su extradición a España por tales delitos, reanudándose las presiones desde Chile para su expatriación, esta vez abogando por la mala salud de Pinochet. Finalmente, el 2 de marzo de 2000, el ministro de interior inglés Jack Straw decidió liberar a Pinochet, declarando que a juzgar por sus recientes exámenes médicos, no estaba en condiciones de ser juzgado. Ese mismo día Pinochet tomó un avión de la FACh de regreso a Chile, siendo recibido por el entonces comandante en jefe Ricardo Izurieta.
Durante toda la detención de Pinochet en el extranjero, tanto Tony Blair, primer ministro del Reino Unido, como la Santa Sede optaron por mantenerse al margen, dejando el caso a la justicia. Sin embargo, un alto dignatario de la Santa Sede pidió su liberación, con el argumento de mantener la estabilidad de Chile. El gobierno chileno presionó durante todo el proceso para que Pinochet fuese extraditado a su país, aduciendo «razones humanitarias» y el hecho de que el senador vitalicio poseía inmunidad diplomática. Una ajustada mayoría del Senado chileno rechazó oficialmente la detención, y el presidente Eduardo Frei llegó a convocar al Consejo de Seguridad Nacional y rechazar las peticiones fiscalizadoras del juez Garzón. Entre las pocas figuras públicas que apoyaron a Pinochet en el extranjero destacaron el expresidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, y Margaret Thatcher, quien reveló en dicha ocasión que el exgeneral había cooperado con Inglaterra durante la Guerra de las Malvinas. Por contraparte, los gobiernos de Alemania, España, Suiza, Francia y Bélgica, así como el Comité de la ONU contra la Tortura y diversas organizaciones de derechos humanos lideradas por Amnistía Internacional, rechazaron la inmunidad diplomática de Pinochet y aprobaron su procesamiento.
A tres días de su retorno, el 6 de marzo de 2000, el juez Juan Guzmán Tapia pidió el desafuero parlamentario de Augusto Pinochet, el cual fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 5 de junio y ratificado el 8 de agosto por la Corte Suprema, debido a las fundadas sospechas de su responsabilidad en la Caravana de la Muerte dirigida por Sergio Arellano Stark. El 1 de diciembre, Pinochet fue procesado por 18 secuestros calificados y 57 asesinatos, pero ese mismo mes el proceso fue anulado mediante un recurso de amparo. Al mes siguiente, Pinochet fue interrogado y quedó bajo detención preventiva en su domicilio de La Dehesa. Paralelamente a lo anterior, se le diagnosticó demencia vascular subcortical. El 12 de marzo de 2001 Juan Guzmán le concedió libertad bajo fianza, previo pago de 2 millones de pesos, pero acusando problemas de salud, durante los meses siguientes no fue posible realizarle el trámite necesario de filiación penal. Los meses siguientes Juan Guzmán rechazó una petición de arresto de la jueza argentina María Servini de Cubría por la relación de Pinochet con el asesinato de Carlos Prats, y los Estados Unidos reveló miles de documentos desclasificados de la CIA relacionados con operaciones en Chile durante la dictadura militar.
El 1 de julio de 2001, Pinochet fue internado de urgencia en el Hospital Militar, y ocho días después se sobreseyó temporalmente el caso. Aduciendo problemas mentales, Pinochet fue sobreseído definitivamente el 4 de julio de 2002. Ese mismo día renunció a su cargo de senador vitalicio, cediendo a la fuerte presión de la oposición política y el gobierno. Pese a lo anterior, gracias al estatuto de expresidente creado durante el gobierno de Ricardo Lagos, mantendría el fuero y la dieta parlamentaria, así como los demás derechos de los demás senadores hasta su muerte.
Dos años más tarde, el 28 de mayo de 2004, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento por demencia de Pinochet, decisión ratificada el 26 de agosto por la Corte Suprema, tras lo cual Guzmán lo procesó por violaciones de los derechos humanos durante la Operación Cóndor. Pinochet quedó bajo arresto domiciliario el 5 de enero de 2005 y la semana siguiente salió en libertad tras el pago de una fianza de 3570 dólares. Fue sobreseído definitivamente por la Corte Suprema en septiembre de ese año. Desde entonces se iniciaron en paralelo diversos procesos en su contra. El caso de Carlos Prats quedó sin efecto en marzo de 2005, mientras que por el caso Riggs congelaron algunas de sus cuentas bancarias y comenzó a ser investigado junto a su familia, quedando bajo un nuevo arresto domiciliario el 23 de noviembre. Antes de su liberación bajo fianza al día siguiente, volvió a su arresto domiciliario por un nuevo caso de desaparición de disidentes en 1975.
Durante 2006, antes de sufrir el paro cardíaco que lo llevó a su muerte, volvió a perder su inmunidad parlamentaria en dos ocasiones: en septiembre, para ser juzgado por las torturas en el centro de detención de Villa Grimaldi, y en noviembre, por la desaparición del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, detenido en 1974.
La madrugada del 3 de diciembre de 2006 Pinochet fue internado en el Hospital Militar de Santiago después de sufrir un infarto agudo de miocardio y presentar insuficiencia cardíaca y un edema agudo de pulmón, que obligó a someterlo a un baipás. Una semana después, alrededor de las 13:30 horas del 10 de diciembre -mismo día en que su esposa, Lucía Hiriart, cumplía 86 años-, sufrió una repentina descompensación cardíaca, falleciendo a las 14:15 horas, a la edad de 91 años. Sus últimas palabras, según los miembros de la familia que estuvieron con él, fueron dirigidas a su esposa.
La noticia de su fallecimiento se dio a conocer rápidamente. Una hora después del deceso, numerosos santiaguinos comenzaron a apostarse en la Plaza Baquedano y en las calles aledañas del hospital, ubicado en la comuna de Providencia. Posteriormente, los partidarios de Pinochet se desplazaron hasta la Escuela Militar, ubicada en la comuna de Las Condes, donde fue trasladado el féretro del difunto, mientras que los detractores se desplazaron en una celebración masiva por la Alameda Bernardo O'Higgins hasta llegar a la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda. El grado de polarización entre detractores y adeptos de Pinochet provocó numerosos disturbios que debieron ser repelidos por carabineros hasta altas horas de la noche.
El Gobierno, presidido por Michelle Bachelet, decidió no dedicarle un funeral de Estado, ya que no había sido elegido democráticamente como primer mandatario. Solo se le rindieron honores fúnebres en su calidad de excomandante en jefe del ejército, conforme a la ordenanza de esta institución.
A su velatorio acudieron aproximadamente 60 000 personas, entre ellas Francisco Cuadrado Prats, nieto del general Carlos Prats, quien escupió sobre el vidrio del féretro que protegía el rostro del difunto, como acto de repudio en memoria de su abuelo, mandado asesinar por Pinochet en Buenos Aires. El funeral se realizó el 12 de diciembre, en presencia de más de 50 mil personas y en medio de un ambiente de tensión. La ceremonia contó con la presencia de algunos jóvenes neonazis y con la de su nieto Augusto Pinochet Molina, entonces capitán del Ejército, que realizó un polémico discurso antimarxista, por el cual luego fue dado de baja. Los restos de Pinochet fueron cremados en el Cementerio Parque del Mar de Concón y sus cenizas trasladadas a la parcela Los Boldos, casa de veraneo de la familia ubicada a unos 9 km de la antigua casona de la hacienda Bucalemu. El Ejército de Chile, a través del entonces comandante en jefe Óscar Izurieta Ferrer, rechazó la petición inicial de la viuda para que sus cenizas fueran depositadas en la Escuela Militar. Por razones de seguridad, también fue rechazada la propuesta de sus hijos de guardar las cenizas en la Catedral Castrense o en una unidad militar.
Al momento de fallecer, Augusto Pinochet contaba con una orden de detención en curso y con más de 400 querellas en su contra por violaciones de los derechos humanos, tales como tortura, desapariciones, apropiación de niños, asesinatos de sacerdotes y periodistas extranjeros; algunas de ellas interpuestas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y por estados extranjeros.
A través de su suegro, el abogado y político radical Osvaldo Hiriart, Pinochet ingresó en la francmasonería, si bien asistía poco a las reuniones y finalmente fue apartado de la institución.
Pinochet era marcadamente anticomunista. Fue un admirador del dictador español Francisco Franco, a cuyo funeral asistió en noviembre de 1975. También era una persona católica. Hasta sus últimos años gozó del apoyo de diversos eclesiásticos, tales como el cardenal Francisco Errázuriz.
Pinochet estaba particularmente interesado en los temas de geografía, geopolítica y marxismo. En su extensa biblioteca personal, que llegó a contar con 55 000 volúmenes, avaluados en más de tres millones de dólares, existían muchos libros acerca de estos temas. El libro preferido de su juventud fue El arte de la guerra, de Sun Tzu.
Pinochet recibió diversas distinciones nacionales, civiles y militares, a lo largo de su carrera militar y política:
Ostentó los títulos de Primer Infante de la Patria y Gran Caballero del Altiplano de Arica. Además fue declarado «hijo ilustre» en las comunas de San Felipe, Copiapó, Ancud, Valdivia, Coyhaique, Aysén, Castro, Chillán, Iquique, Arica, Concepción, Antofagasta, Curicó y San Fernando. También fue nombrado «ciudadano ilustre» en Pichilemu y «ciudadano benemérito» en Temuco. En 1989 la Junta General de Loncos y Caciques de La Araucanía, del pueblo mapuche, le nombró Ulmen Füta Lonko (Gran Autoridad), en reconocimiento a los traspasos de tierras hacia familias indígenas durante la dictadura militar, en el cual más de 70 000 títulos de dominio individuales fueron entregados a miembros de la etnia.
Sumado a las distinciones nacionales, recibió las siguientes distinciones en el extranjero:
Fue nombrado Oficial del Estado Mayor Honorario de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. En 2005 una ley argentina derogó los decretos por los cuales se les concedían condecoraciones en ese país, siéndole retiradas las siguientes condecoraciones:
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